En marzo de 2002, en Monterrey, la Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo recalcó la necesidad de incrementar sustancialmente los medios de financiación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Por iniciativa de Brasil, Chile y Francia, a los que luego se sumaron Argelia, Alemania y España, 79 Estados reunidos en Nueva York con motivo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM+5) adoptaron una Declaración , invitando a la comunidad internacional a reflexionar sobre la puesta en marcha de contribuciones solidarias internacionales con el fin de movilizar medios financieros estables y previsibles al servicio del desarrollo.

Un “Grupo de Estados piloto” constituido tras la Conferencia de París (28 de febrero-1 de marzo 2006) por 38 Estados, consignó una lista de mecanismos, a saber:

• impuesto a la degradación del medioambiente, aplicable particularmente a los transportes;
• impuesto a las transacciones financieras;
• impuesto a la venta de armamentos;
• uso de derechos especiales de giro;
• facilidad de la financiación internacional;
• contribuciones voluntarias.

En este contexto, el Fondo mundial de Solidaridad Digital (FSD) propuso la contribución del “1% de solidaridad digital ” sobre las contrataciones públicas relativas a las TIC, contribución que se utiliza específicamente para la lucha contra la brecha digital.